Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 11 de agosto de 2025.- Con un discurso lleno de simbolismos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una propuesta de reforma constitucional para reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, además de una Ley del Sistema Público de Cuidados, que busca articular servicios gratuitos para infancias, personas mayores y con discapacidad.
Brugada calificó la iniciativa como un acto de justicia histórica hacia las mujeres, quienes —dijo— han cargado durante siglos con el peso invisible de sostener la vida sin remuneración ni reconocimiento. Acompañada de legisladoras, académicas y funcionarias de distintos niveles, la mandataria capitalina expresó:
“El cuidado dejará de ser invisible. Se convertirá en un derecho humano que toda la sociedad está obligada a garantizar”.
La reforma plantea modificar el artículo 9 de la Constitución local para establecer que cuidar, ser cuidado y el autocuidado son derechos universales e indispensables. Además, se define el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como productivo y generador de bienestar económico y social.
¿Cambio de paradigma o buena intención?
Aunque el discurso marca un parteaguas en el reconocimiento del trabajo doméstico como motor económico, la pregunta clave es: ¿cómo se hará realidad esta reforma?. Hasta ahora, el proyecto no está acompañado de un plan financiero detallado, ni de mecanismos de fiscalización que aseguren la implementación efectiva en las 16 alcaldías.
Además, el reconocimiento jurídico del cuidado no garantiza su redistribución práctica. La desigualdad estructural entre hombres y mujeres no se corrige con leyes, sino con cambios culturales y políticas de Estado sostenidas, más allá de un sexenio.
La iniciativa representa un paso progresista, pero el reto será transformar el derecho en acceso real. Sin presupuestos multianuales ni coordinación interinstitucional robusta, el sistema podría convertirse en una política declarativa sin impacto tangible.
