Los planteles educativos contarán con presupuesto a fin de dignificar las condiciones de sus inmuebles.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó elevar a rango constitucional la entrega de becas a niñas y niños inscritos en escuelas públicas, que cursan la educación básica, además de dotar anualmente de recursos a los planteles educativos para su mantenimiento, bajo los programas Bienestar para niñas y niños y la escuela es nuestra, respectivamente.
Como una reforma fundamental, trascendental e histórica para la capital, fue calificada la reforma al párrafo primero y la adición de dos párrafos al numeral 6 del apartado A del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, por el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN). En este sentido, dijo que a partir de este momento no importará qué partido esté al frente del gobierno capitalino, porque el programa de la beca se quedará estable, además de que no podrá utilizarse como un recurso electoral.
Al fundamentar el dictamen que dio origen a las reformas, a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Educación, el legislador afirmó que actualmente se beneficia con este apoyo a más de un millón 250 mil niñas y niños que cursan educación básica en los planteles públicos de la ciudad, al otorgarles un apoyo por un monto de 400 a 450 pesos, conforme a su nivel de escolaridad, y que genera un impacto presupuestal de cinco mil 400 millones de pesos, “que este Congreso decidirá si se queda esa cantidad o se aumenta”.
Además, se establece que en cada ejercicio fiscal los planteles educativos contarán con la asignación presupuestal para dignificar las condiciones de la infraestructura de los inmuebles, el cual se ejercerá con la participación de padres y madres de familia, “para todos aquellos planteles que son ni más ni menos que dos mil 798 inmuebles de educación pública, no estén como ahora, olvidadas y sin mantenimiento”, lo que significará una erogación de al menos 350 millones de pesos anuales, agregó.
Al hacer un voto particular, el legislador Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana) afirmó que la educación es el camino a sociedades prósperas y libres, por lo que es importante evitar la deserción escolar. Informó que, en 2020, en seis de cada 10 hogares de la CDMX se redujeron sus ingresos a consecuencia de la pandemia y que ‘Mi Beca para Empezar’ fue un apoyo importante durante esta crisis; asimismo solicitó que no se diera un nombre propio a este programa, que sigan las escuelas de tiempo completo y que se avance en la discusión del “ingreso mínimo vital”.
Al razonar el voto a nombre del grupo parlamentario del PRI, la congresista Mónica Fernández César destacó que los recursos destinados a la educación y formación de las y los niños nunca son un gasto sino la única y mejor inversión, y agregó que trabajarán para lograr mantener las escuelas de tiempo completo.
El diputado Aníbal Cañez Morales (PAN) dijo que su partido nunca estará en contra de los derechos y la mejora de la calidad de vida, en este caso de niños y niñas, por ello exigió piso parejo, y expresó su preocupación por que se excluyó a las escuelas de tiempo completo. Además, señaló que estas becas tienen “todos los controles democráticos” y acusó que exista opacidad y se utilicen los programas sociales con fines electorales.
Por el mismo partido, la legisladora América Alejandra Rangel Lorenzana indicó que se deben analizar los problemas de diseño, reglas de operación y herramientas para medir el impacto de estos programas, así como el riesgo de ser utilizados con fines políticos y la poca reducción de la pobreza que han generado.
La congresista Elizabeth Mateos Hernández (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) mencionó que la búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación. Asimismo, agradeció a las madres y padres de familia que se sumaron al proyecto, logrando juntar 510 mil firmas en apoyo a esta iniciativa, que significa un combate contra la pobreza y permite disminuir las brechas de desigualdad en la capital.
Al hacer uso de la voz, la diputada María de Lourdes Paz Reyes (PT) se congratuló de la materialización del sueño de más de 510 mil personas que firmaron para impulsar la iniciativa para que ‘Mi beca para empezar’ fuera elevada a rango constitucional, “porque una educación de excelencia es el pilar del progreso, del desarrollo y del bienestar”.
El legislador José de Jesús Martín del Campo Castañeda (MORENA) expresó que elevar a rango constitucional estos dos programas contribuye a disminuir las desigualdades, fortalece el respeto a los derechos humanos y reduce las desigualdades. “Reconocemos a la educación como un derecho humano fundamental en la construcción de una mejor sociedad, una mejor ciudad y un mejor país”.
Al intervenir, el congresista Héctor Díaz Polanco (MORENA) indicó que elevar a rango constitucional estos programas para hacerlos permanentes, es impulsar la garantía de derechos que son universales.
Precisó que estos programas son de afirmación positiva y se aplican a un grupo con una desventaja especial, buscando crear la igualdad de condiciones que permita el aprovechamiento de las oportunidades.
Por su parte, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) dijo que estos programas sociales garantizan los derechos sociales universales y evitan futuros retrocesos en materia de política social y de bienestar; lo que permite a adultos y a alumnos salir de la pobreza, de la explotación sexual y de trabajos peligrosos. Por ello, explicó que la educación es la mejor inversión que el Estado puede hacer.
Del mismo grupo parlamentario, la legisladora Marisela Zúñiga Cerón dijo que el dictamen favorece, a través de la discriminación positiva, a grupos sociales que han tenido un trato social desigual, garantizando su derecho a la educación. Asimismo, afirmó que los programas cuentan con reglas de operación y son regulados por el Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE).
La congresista María Guadalupe Morales Rubio (MORENA) puntualizó que la finalidad del programa es lograr que ningún niño o niña abandone sus estudios, y que tengan espacios dignos para aprender. Asimismo, compartió que el monto de las becas crecerá en un inicio 15 por ciento según como lo informó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, convirtiéndolo en derechos consagrados en la Constitución local a favor de la educación.
En su momento, el diputado Federico Döring Casar (PAN) afirmó que su fracción parlamentaria apoya todos los programas sociales que den estímulos a la educación y que faciliten el camino de las niñas, niños y adolescentes en su desarrollo escolar; sin embargo, adelantó que votarían en abstención por la negativa de poner candados electorales.
El legislador José Martín Padilla Sánchez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) expresó que la entrega de esta beca tiene como finalidad garantizar el derecho a la educación, disminuir la desigualdad y las exclusiones educativas para las y los estudiantes de menores recursos, transitando de políticas selectivas a políticas universales.
A su vez, la congresista Maxta Iraís González Carrillo (PRI) resaltó que integrar en la Constitución local el derecho de las niñas y niños a tener una educación garantizada y de calidad, y otorgar estímulos fiscales para la mejora de las instalaciones de las escuelas, son logros de la suma de esfuerzos de todas las corrientes políticas del Congreso local.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) explicó que los derechos son progresivos, porque ahora las y los niños de diferentes niveles recibirán un incremento en su beca en 2023 y también se mejorarán los planteles de las escuelas en diferentes niveles. Dijo que esto es resultado de la buena administración de los recursos públicos y porque se pone a la educación en el centro de atención y como prioridad se reduce la brecha social.
Al cerrar los posicionamientos, la congresista Martha Soledad Ávila Ventura (MORENA), sostuvo que no existe argumento válido para estar en contra de la reforma analizada, y que el reconocimiento de becas para las y los niños de escuelas públicas busca mejorar las condiciones de educación en lo particular y de vida en lo general, además de considerarla como un acierto irrefutable, realizada con racionalidad y responsabilidad financiera.
Los diputados Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana), Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD) y Christian Damián Von Roehrich de la Isla (PAN) propusieron reservas a los artículos 8, 17, IV Transitorio y una adición de un artículo V Transitorio, que no fueron aprobadas por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.