Por Dana Rodríguez
CDMX, 17 marzo 2026.- El Gobierno de la Ciudad de México endureció su postura tras el derrumbe en San Antonio Abad y dejó un mensaje contundente: ellos no son responsables.
Bajo el argumento de que el acuerdo de facilidades administrativas “no está por encima de la ley”, la administración capitalina insistió en que las obligaciones de supervisión recaen exclusivamente en las alcaldías, marcando distancia en medio de la polémica.
La estrategia es clara: blindarse legalmente.
Aunque reconocen que el inmueble operaba bajo un esquema avalado por la Comisión para la Reconstrucción —donde participa la propia alcaldía—, el discurso oficial insiste en que las facilidades otorgadas solo eliminaban trámites secundarios, no controles de seguridad.
Sin embargo, los hechos contradicen el discurso.
Hubo solicitud, hubo autorización de facilidades, hubo conocimiento institucional… y aún así ocurrió una tragedia.
El gobierno capitalino presume apego estricto a la ley, pero evita profundizar en posibles fallas de coordinación, omisiones o vacíos en la supervisión real de la obra.
En medio del ruido político, lo único claro es que tres trabajadores perdieron la vida y que, hasta ahora, ninguna autoridad asume plenamente la responsabilidad.
La investigación sigue en manos de la Fiscalía, pero en el terreno político ya comenzó la batalla: nadie quiere pagar el costo de una tragedia que exhibe grietas en todo el sistema.
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