Por Dana Rodríguez
CDMX, 15 abril 2026.- Las 16 alcaldías de la Ciudad de México fueron llamadas al Congreso local para definir cómo asumirán su papel en la implementación del nuevo Sistema de Cuidados, una legislación que podría transformar la atención social en la capital.
En una reunión clave encabezada por los diputados Víctor Gabriel Varela López y Cecilia Vadillo Obregón, el mensaje fue inequívoco: las alcaldías deberán dejar de ser observadoras y convertirse en protagonistas en la atención directa de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y población dependiente.
Vadillo Obregón fue enfática al advertir que las demarcaciones tendrán obligaciones concretas dentro del nuevo marco legal.
“Las alcaldías forman parte de este Sistema y están involucradas con responsabilidades claras, incluso con disposiciones presupuestales sobre el gasto que deberán ejercer”, sostuvo.
El nuevo modelo busca romper con décadas de abandono institucional en materia de cuidados, un tema históricamente relegado pese a que millones de personas dependen diariamente de redes familiares no remuneradas.
El diputado Víctor Gabriel Varela insistió en que la construcción de esta ley debe nutrirse desde el territorio, con participación activa de quienes enfrentan las demandas ciudadanas todos los días. Su postura apunta a evitar una legislación centralista que ignore la complejidad de cada alcaldía.
Sin embargo, surgieron alertas sobre la viabilidad real del proyecto. La diputada Lizzette Salgado cuestionó si las alcaldías cuentan hoy con infraestructura, personal y presupuesto suficiente para asumir esta carga. La preocupación no es menor: varias demarcaciones arrastran déficits operativos y limitaciones financieras.
Royfid Torres González también encendió el debate al exigir que ninguna alcaldía quede fuera del proceso de consulta, al considerar que esta ley impactará transversalmente toda la estructura gubernamental.
El encuentro dejó claro que el Sistema de Cuidados no será un simple programa asistencial: implicará redistribución presupuestal, rediseño institucional y nuevas obligaciones para los gobiernos locales.
La gran pregunta ahora es si las alcaldías estarán listas para responder a una demanda social que lleva años esperando justicia.
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