Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 29 de mayo de 2026. La reforma al Poder Judicial volvió a dividir al Congreso capitalino. Morena y sus aliados utilizaron su mayoría para aprobar el aplazamiento de la elección judicial hasta 2028, mientras PAN, PRI y sectores de oposición denunciaron que el proyecto sigue acumulando cambios por errores de diseño y falta de viabilidad.
La minuta enviada por el Senado fue aprobada por 44 votos contra 18, modificando nuevamente las reglas de una reforma que desde su nacimiento ha enfrentado cuestionamientos técnicos, jurídicos y políticos.
Durante la discusión, legisladores opositores sostuvieron que el aplazamiento representa una evidencia de que el modelo original no contaba con las condiciones necesarias para ponerse en marcha. Señalaron que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, las nuevas modificaciones mantienen abierta la puerta a una mayor intervención política en los procesos de selección y evaluación.
Los panistas advirtieron que la reforma profundiza el debilitamiento de los contrapesos institucionales y pone en riesgo la independencia judicial. Acusaron además que las constantes correcciones reflejan improvisación y falta de certeza para ciudadanos, operadores jurídicos y autoridades electorales.
Por su parte, Morena defendió la medida argumentando que permitirá una mejor organización de las elecciones judiciales y una integración más eficiente de los comités encargados de evaluar a los candidatos.
Las críticas también llegaron desde el PRI, donde se afirmó que la reforma se sigue modificando sin evaluar plenamente sus consecuencias. Legisladores tricolores señalaron que los cambios terminan concentrándose en ajustes administrativos y políticos, mientras permanecen sin resolver los problemas estructurales de acceso a la justicia.
La aprobación de la minuta en la Ciudad de México ocurre en un contexto de creciente polarización nacional sobre el futuro del Poder Judicial. Mientras el oficialismo habla de democratización, la oposición insiste en que las reformas avanzan a costa de la autonomía institucional y de la certeza jurídica que exige el Estado de derecho.
