Por NOTICIASCD.MX
CDMX, 21 marzo 2024 (XOCHINEWS.COM).- Con 43 votos a favor, el Congreso de la Ciudad aprobó la iniciativa enviada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, para establecer como delito permitir la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, referente a la corrupción inmobiliaria.
Al presentar el dictamen emitido por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en su carácter de presidente, el diputado de Morena, Octavio Rivero Villaseñor afirmó que es totalmente plausible y entendible que se sancione con cárcel a quienes, aprovechándose de un cargo público permitan la construcción ilegal de espacios habitacionales, que ponen en riesgo la vida e integridad de las y los ciudadanos que adquieren estos inmuebles.
“Buscamos evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental.”
Por su parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Martha Avila afirmó que con la aprobación de este dictamen, Morena cumple con un compromiso que estaba pendiente con la población capitalina, pues se debe sancionar a quienes aprovechan posiciones políticas para hacer negocios ilegales con empresas inmobiliarias.
“Las personas servidoras públicas nos debemos al pueblo, por lo que es inaceptable que algunos funcionarios se aprovechen de la responsabilidades que les confiere la ciudadanía para enriquecerse ilícitamente a su costa.”
Avila Ventura aseguró que la reforma no se dirige a nadie en particular, sino que se trata de disposiciones en general que se aplican para todas y todos, sin distinciones, por lo que consideró dicho dictamen como una vía efectiva para combatir la corrupción inmobiliaria.
Con esta labor legislativa se busca adicionar el capítulo décimo quinto y el artículo 276 quater al título décimo octavo del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal, por lo que, al ser aprobado en el Congreso, se remitió a la Jefatura de Gobierno a fin de que se promulgue en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
