Por Arturo Gutiérrez
– El Gobierno de la Ciudad de México combinará operativos contra ocupaciones ilegales con revisión de expedientes antiguos, regularización patrimonial y una defensoría gratuita integrada por 100 abogados.
Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.— La estrategia contra el despojo en la Ciudad de México entrará en una nueva etapa que busca ir más allá de las detenciones: el Gobierno capitalino pretende acelerar la restitución de propiedades, revisar expedientes antiguos y ofrecer acompañamiento jurídico gratuito a personas que enfrentan conflictos sobre su patrimonio.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo lunes 24 de agosto comenzará a operar en el Zócalo capitalino la Defensoría Social Ponciano Arriaga, integrada inicialmente por 100 profesionales del Derecho.
El anuncio se produce 12 días después del reforzamiento de la Estrategia Integral Contra el Despojo, periodo en el que las autoridades reportaron 44 personas detenidas y ocho inmuebles asegurados derivados de nuevas denuncias.
Al mismo tiempo, la Fiscalía capitalina recibió 89 denuncias, aunque únicamente 14 fueron identificadas inicialmente como posibles despojos.
Herencias, rentas y conflictos familiares complican los casos
La fiscal Bertha Alcalde explicó que buena parte de las denuncias relacionadas con propiedades no necesariamente corresponde a conductas delictivas.
Entre los expedientes analizados aparecen conflictos por herencias, propiedades intestadas, desacuerdos entre arrendadores e inquilinos y disputas entre familiares.
De las 89 denuncias recibidas, 46 permanecen en revisión y 29 fueron clasificadas en situaciones que no necesariamente configuran despojo.
La Fiscalía puso como ejemplo los casos en los que un propietario denuncia penalmente a un inquilino que dejó de pagar la renta, aunque la controversia debe resolverse por la vía civil.
También existen casos en sentido contrario: propietarios que intentan recuperar unilateralmente sus inmuebles mediante el cambio de cerraduras, sin recurrir a los procedimientos legales correspondientes.
El objetivo, explicó Alcalde, es distinguir rápidamente los casos en los que existe evidencia clara de un despojo de aquellos en los que debe primero determinarse quién tiene el derecho legítimo de propiedad o posesión.
Dos denuncias involucran amenazas con armas
Entre las nuevas denuncias, la Fiscalía identificó dos posibles despojos con violencia correspondientes a hechos ocurridos en 2022, pero denunciados recientemente.
En uno de ellos, una persona aseguró que, después de ausentarse de su departamento por una emergencia médica, encontró a desconocidos ocupando el inmueble y las cerraduras cambiadas. Posteriormente, denunció amenazas con arma de fuego.
En otro expediente, un adulto mayor reportó la ocupación de su departamento y amenazas armadas para impedirle recuperar el acceso.
Estos casos, señaló la Fiscalía, requieren además de acciones patrimoniales, medidas de protección para las víctimas.
El Gobierno busca acelerar restituciones
Brugada sostuvo que la política contra el despojo no debe limitarse a detener personas, sino avanzar hacia la recuperación de inmuebles cuando existan elementos jurídicos suficientes.
“Cada restitución que se está haciendo es una victoria de la legalidad frente al abuso”, afirmó.
La mandataria mencionó casos en Santa María la Ribera y San Pedro de los Pinos donde las autoridades lograron recuperar o restituir inmuebles.
También advirtió que quienes recurran a amenazas, falsificación de documentos o posibles complicidades para apropiarse de una propiedad enfrentarán una respuesta institucional.
“No se va a enfrentar solo a esa familia: se enfrentará a las instituciones de la ciudad”, señaló.
Abogados gratuitos cada lunes en el Zócalo
La otra vertiente del programa será la puesta en marcha de la Defensoría Social Ponciano Arriaga.
A partir del 24 de agosto, 100 especialistas ofrecerán asesoría gratuita cada lunes en el Zócalo.
Los equipos atenderán asuntos civiles, familiares, penales, ejidales, constitucionales, condominales y laborales.
De acuerdo con la Consejería Jurídica, el modelo pretende ofrecer algo más que orientación inicial: cuando corresponda, se asignará una abogada o abogado para dar seguimiento al expediente.
“La justicia no puede ser un privilegio reservado para los que tienen dinero para pagar un despacho”, sostuvo Brugada.
El servicio estará dirigido especialmente a personas que enfrentan dificultades para acceder a representación jurídica privada.
Regularizar propiedades, otro frente de la estrategia
El Gobierno capitalino también identificó la falta de regularización patrimonial como uno de los factores que alimentan conflictos relacionados con inmuebles.
Brugada anunció que se trabajará con notarios para agilizar procedimientos y reducir costos, con especial atención a propiedades intestadas.
La intención es disminuir la incertidumbre jurídica que genera disputas entre familiares y facilita controversias sobre posesión o propiedad.
El Gobierno buscará coordinar a la Defensoría con el Registro Público de la Propiedad, la Fiscalía, autoridades de regularización territorial, dependencias locales, tribunales y organismos federales.
La estrategia abre así un frente más amplio contra el despojo: prevención, reacción policial, investigación penal, restitución y regularización.
Su efectividad, sin embargo, dependerá de que esa coordinación pueda sostenerse más allá de los primeros operativos y consiga resolver expedientes que durante años han permanecido atrapados entre conflictos civiles, familiares y penales.
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