Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 5 de abril de 2026. — En medio de una creciente presión internacional, el Gobierno de la Ciudad de México defendió su política en materia de desapariciones, pero lo hizo con un discurso que, para muchos, prioriza la narrativa política sobre la realidad de las víctimas.
El posicionamiento oficial respalda al gobierno federal de Claudia Sheinbaum y rechaza el informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas, calificándolo como incompleto y sesgado.
Según la administración capitalina, el informe omite avances como la creación de bases de datos, centros de atención a víctimas y el incremento del presupuesto. También destaca la instalación de un gabinete permanente y espacios de atención integral.
Pero detrás del discurso institucional, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles denuncian otra realidad: burocracia, falta de coordinación y escasos resultados tangibles en la localización de personas.
El gobierno capitalino incluso rechaza que exista colusión entre autoridades y crimen organizado, calificando esas versiones como “infundadas”. No obstante, diversos casos documentados han evidenciado fallas graves en investigaciones y omisiones institucionales.
Otro punto que genera controversia es la insistencia en culpar al pasado —particularmente al periodo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por Felipe Calderón—, mientras se evita hacer un balance autocrítico del presente.
Para las familias, el mensaje oficial resulta insuficiente. La exigencia es clara: menos discursos y más resultados.
En un país donde la cifra de personas desaparecidas sigue creciendo, la estrategia gubernamental enfrenta una prueba crucial: demostrar que sus acciones no son solo anuncios, sino soluciones reales.
