Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 10 agosto 2025.- La creación de la Defensoría de Derechos Inquilinarios, anunciada como parte de las 14 acciones del Gobierno de la Ciudad de México contra la gentrificación, fue presentada como un avance innovador en la protección tanto de inquilinos como de propietarios.
El diputado Paulo García afirmó que este organismo tendrá un carácter “abierto y bipartita”, y buscará resolver conflictos mediante la mediación, sancionar abusos y desalojos ilegales, y fomentar relaciones de respeto entre arrendadores y arrendatarios.
Sin embargo, más allá del discurso, el anuncio deja varias interrogantes en el aire. ¿Qué capacidad legal tendrá realmente esta defensoría para sancionar? ¿Qué recursos humanos y presupuestales se le asignarán? ¿Podrá detener un desalojo ilegal o solo emitir recomendaciones?
A pesar de la buena intención, existe el riesgo de que esta nueva figura institucional se convierta en un ente burocrático más, sin dientes, que acumule quejas sin capacidad real de intervención.
La gentrificación en la capital —impulsada por la especulación inmobiliaria, el alquiler turístico desregulado y la falta de control sobre los precios— requiere más que mesas de diálogo: necesita legislación firme, fiscalización efectiva y voluntad política para poner freno al despojo urbano.
Mientras tanto, los Diálogos contra la Gentrificación continúan. Mil 25 personas han participado hasta ahora, según García, pero el diagnóstico ya es conocido. Lo que falta no es conversación, sino acción concreta y contundente.
