Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 18 marzo 2026.- Tres muertos, un herido y una escena política que raya en la simulación. Morena convirtió la tragedia de San Antonio Abad en un espectáculo de acusaciones sin consecuencias reales.
Xóchitl Bravo lanzó una ofensiva directa: acusó a la Alcaldía Cuauhtémoc de ocultar información, de registrar trámites después del derrumbe y de incumplir con la verificación obligatoria de la obra. “La responsable tiene nombre y apellido”, sentenció en conferencia, en una declaración que elevó el tono y encendió el conflicto.
Pero detrás del discurso duro, la realidad legislativa es otra: el grupo parlamentario presentó un exhorto. Sí, un simple exhorto, pero además dio conferencia para encender las redes.
Ni sanciones inmediatas, ni medidas cautelares, ni intervención urgente. Solo un documento que pide informes, que sugiere investigar y que, en los hechos, permite que todo siga su curso burocrático.
Morena asegura tener “pruebas en la mano”, información “veraz” proporcionada por ciudadanos hartos de corrupción, y advierte que el caso no se puede esconder porque hubo vidas perdidas. Sin embargo, con todo ese arsenal discursivo, decide no ir más allá del trámite legislativo más inofensivo.
La contradicción es escandalosa: acusan negligencia, hablan de omisiones graves, señalan manipulación de documentos… pero evitan cualquier acción que implique consecuencias inmediatas.
San Antonio Abad expuso algo más profundo que un colapso estructural: exhibió un sistema político que prefiere el espectáculo del señalamiento antes que la incomodidad de la justicia.
Y mientras Morena promete que seguirá cuestionando en comparecencias, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos exhortos más se necesitan para responder por tres vidas perdidas?
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